Situación económica ante la crisis del COVID-19

Incertidumbre. Esta es la palabra que mejor define todo lo que esta pasando, y va a pasar, ya sea a nivel económico, a nivel legal, laboral, social, …

La verdad es que, seguramente que en periodos anteriores se ha pensado en como se afrontaría una situación semejante, pero la realidad supera la ficción, dejando a todos los niveles nuestra sociedad tocada.

Comienzo comentando que, desde mi perspectiva, pienso que el sistema del bienestar que tenemos instaurado en España funciona bien, es completo y determinante. Aunque esto no quiere decir que puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero tal vez sea por lo visto y vivido fuera de nuestras fronteras, creo que nuestro sistema público funciona y es bueno. Independientemente de esto, esta situación extraordinaria hace que se vea mermado e insuficiente, tal y como está pasando. Afrontarlo con optimismo, esperanza, fuerza y filosofía es vital. Y esto debemos contagiarlo a nuestro alrededor.

A nivel económico, va a ser una catástrofe semejante al nivel sanitario y social que se está viviendo. Nos vamos a enfrentar a un cambio radical en todos los sentidos económicos. Y creará un agujero económico y social sin precedente, a mi parecer.

Partimos de la base de que toda la población se ha visto obligada a confinarse en sus hogares durante, al menos, mes y medio. Ya se parte de que el consumo se ha visto muy debilitado. Haciendo hincapié en que la capacidad económica de las familias también se ha visto mermada. Por lo que nos encontramos ante la pescadilla que se muerde la cola, conocedores de la menor capacidad económica, las familias se situaran en un nivel de consumo menor que el existentes antes del Estado de Alarma. Nivel que ya estaba bajo para muchos sectores, viéndose en estos obligados a cerrar tras esta debacle sanitaria y económica. Y todo esto sabiendo que el proceso hasta la normalidad va a ser lento y muy progresivo.

Paralelamente, la propia economía va a cambiar en el sentido de que por ley se van a preservar ciertos sectores estratégicos. Sobre todo, agrícola (Por ejemplo, si antes ibas al supermercado los alimentos eran casi todos extranjeros, pero ahora con las fronteras cerradas cada país se queda lo suyo y el que apenas tiene productos de necesidad suficientes para su población, se verá mermado aún más económicamente ya que habrá aumento de precios, problemas en toda la cadena de distribución…).  Se deberán primar y subvencionar ciertos sectores de la industria para que fabriquen en España, y esto no les quedará más remedio que hacerlo incluso a pérdidas.

Nos vamos a ver en un entorno cambiante en cuanto a consumo, priorizando por las compras telemáticas e intentando evitar en la mayor medida las compras presenciales.

Si nos fijamos, nos podemos dar cuenta del agujero económico que se esta creando y que, por desgracia, aun sigue creciendo. Situación insostenible para un gobierno, aunque obviamente, la prioridad son las vidas humanas.

Pasamos a explicar, desde mi punto de vista, la gran cantidad económica paralizada a través de medidas para intentar paliar los efectos económicos del COVID-19. Y es que, aunque no llueva siempre a gusto de todos, es MUY DIFICIL encabezar una situación semejante y salir victorioso. Pienso que cualquier gobierno (sea de izquierda o derecha) ni en sus peores pensamientos se habían visto reflejados en una situación como la que estamos atravesando.

Se han visto obligados a paralizar gran cantidad de dinero para intentar no destruir muchos niveles económicos. Pero esto en la sociedad española donde hay mas de 42 millones de personas, y con un sistema público bueno, pero a la vez caro, puede ser un endeudamiento para mucho tiempo. Y es que esta ingente cantidad de euros deben salir de algún sitio, y aquí es donde entramos en juego nosotros, los ciudadanos, viendo nuevamente mermada nuestra capacidad económica. Porque estoy totalmente seguro de que los técnicos afines al gobierno ya están dándole vueltas al coco para ver la forma más silenciosa de recaudar de los españoles, y esto tened fiel seguridad que pasará. Al igual que, entiendo, que se tocaran las pensiones y los sueldos de los funcionarios.

Las inevitables bajadas de las recaudaciones del IVA y del IRPF ¿pueden paliarse con nuevas medidas urgentes como supresión de beneficios fiscales, subidas de tipos y nuevos gravámenes?

Se está hablando mucho de las medidas públicas financieras de actuación durante y después de la crisis sanitaria creada por el COVID-19, pero poco, respecto al concreto ámbito tributario. En este aspecto, algún político, como la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, ha dicho:

«…sobre la no suspensión de la recaudación de impuestos como el IVA o Sociedades, que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «no desaparecen«.»

Estoy de acuerdo con lo anterior, porque en tiempos de crisis tan profundas y desconocidas como la que está produciendo el citado virus, es el momento de volver a la función esencial de los tributos: recaudar ingresos para sostener todos los gastos públicos y no solo los sueldos de los sanitarios y miembros de la seguridad del Estado. Es imprescindible para «no dejar a nadie atrás».

Por tanto, parece de lógica que, ante el previsible hundimiento de la recaudación por la parálisis del comercio en general por un lado, y de la disminución repentina del trabajo por otro, se palíen esas inevitables bajadas de las recaudaciones del IVA y del IRPF con medidas urgentes, tales como la supresión de todos los beneficios fiscales que se han ido acumulando en todos los tributos del sistema fiscal español —hace poco leí en un foro, que si se eliminasen los beneficios del Impuesto sobre el Patrimonio, se podrían recaudar, solamente, con esta medida, unos 10.000 millones más de euros con este gravamen, que no ostenta un gran potencial de ingresos—.

En el mismo sentido que la medida anterior, no cabe duda, que una subida selectiva de tipos impositivos ayudaría a aumentar la recaudación tributaria. Sobre aspectos tributarios anteriores, España tiene una buena situación de partida, porque cuenta con una baja presión fiscal -34,4 % del PIB en 2018, según datos de la OCDE-, que es inferior a la de casi todos los países occidentales de la UE, lo que, sin duda, permitirá elevarla a las cotas que tienen países cercanos como Francia (46,1 % PIB), Alemania (38,2 % PIB) o Italia (42,1 % del PIB).

Además, cabe explorar en la búsqueda de nuevos gravámenes con potencial recaudatorio, tales como los conocidos como impuestos ecológicos, en este sentido la UE viene recomendando que se incremente la conocida como fiscalidad con fines ecológicos, por ejemplo, exige que se grave el consumo del agua, actualmente infravalorada y por ello mal utilizada, como consecuencia de no incorporar a su precio todos los costes internos y externos que conlleva su consumo, calificando la medida no solo válida para optimizar su uso, sino también para recaudar ingresos públicos.

Estas medidas o similares van a tener que ser implementadas, dado que nuestro país, tras incorporar como moneda el euro, carece de otros mecanismos financieros para afrontar la crisis, que en el pasado se saldaban con fuertes devaluaciones de la peseta, estando además la deuda pública en tan altos porcentajes del PIB que impiden su aumento significativo, por lo que este recurso no va a poder ser usado tanto como se hizo en la anterior crisis financiera del 2008, en que se incrementó en 60 puntos porcentuales, aproximadamente.

Esperemos no tener que llegar a otros remedios aún más drásticos, como la imposición de un impuesto extraordinario sobre el patrimonio, en el sentido estricto técnico tributario, es decir un tributo que pivote realmente sobre el patrimonio de personas y entidades, emitir deuda pública extraordinaria, distinta de la ordinaria, como la de carácter obligatorio, perpetuo o especial, incluso con apoyo fiscal, como se hizo en la transición del 78, rescate por parte de la Unión Europea, etc.

En conclusión, como consecuencia de esta situación, parece que lo mejor sería establecer medidas «normales», de carácter urgente -incluso vía Decretos-Leyes- de extensión de bases imponibles, subidas de tipos y búsqueda de nuevos gravámenes, sin excluir una contención extraordinaria de gastos públicos, salvo aquellos que puedan calificarse de sociales; emisión de deuda pública de todo tipo y acceso, en su caso, a medidas de apoyo de la Unión Europea, remedios que funcionarían aún mejor, si todos los agentes político-sociales llegasen a acuerdos como los recordados Pactos de la Moncloa, que sirvieron para resolver la crisis económica de 1977 y situar a nuestro sistema tributario al nivel de los de los países de nuestro entorno.